Por José Angel Inzunza
SEPTIMO DIA y BALUN CANAN, TIJUANA, B.C. 15 de Febrero de 2010.-El periodista policiaco Alfonso Margarito Martínez Esquivel fue detenido de manera arbitraria, injusta y prepotente por unos policías municipales, bajo el trillado argumento de “obstruir la labor policiaca” y “no acatar la orden de retirarse”; sin embargo, debido a su investidura, como representante de medios de comunicación, fue liberado una hora después, siendo “simplemente amonestado”.
En ese sentido también trasciende la inquietud sobre los excesos que cometen elementos de la fuerza pública, toda vez que, si eso hacen con periodistas y comunicadores en general, ¿qué no harán o hacen con ciudadanos comunes y corrientes? Porque además, los elementos policiacos siguen usando capuchas hasta para detener a un simple raterillo, o a cualquier transeúnte, bajo cualquier pretexto que se les ocurra, con tal de completar sus “cuotas” de detenidos.
Entrevistado por diversos medios de comunicación, Alfonso Margarito Martínez, quien manifestó trabajar para SEPTIMO DIA y otros medios de comunicación, especializándose en la nota policiaca, explicó que transitaba por la calle, como a cuadra y media de su casa, cuando se percató de que unos policías municipales estaban deteniendo a unas personas, que al parecer habían sostenido una riña, ya que uno de ellos estaba sangrante, y por esos detalles Margarito se acercó para enterarse de los acontecimientos, como es natural, para cumplir su labor de investigar e informar.
Ante la negativa del reportero, los agentes municipales lo detuvieron porque decían: “aunque seas reportero, te vamos a llevar, porque no debes estar aquí, obstruyendo la labor policiaca”, de tal manera que a ellos no les importaba violentar los derechos antes enunciados y demostraron que las autoridades se pasan por el arco del triunfo las garantías constitucionales, bajo cualquier pretexto, por lo que los periodistas estamos, en ese sentido, en estado de indefensión.
Aunque se supone que la Ley nos protege, quienes se encargan de resguardarla, la pisotean.
Aunque Margarito aseveró que fue bien tratado, la nube de reporteros de los diversos medios de comunicación quisimos entrevistar a la comandante Elvira, sin embargo, rehuyó a las cámaras y con el argumento de que apenas estaba informándose de cómo se había originado toda la situación, pidió que le permitieran unos minutos antes de dar “toda la información que quieran”. Claro, sabía que sería cuestionada sobre la recurrencia de los policías municipales a sentirse molestos por la presencia de periodistas cuando realizan su labor, a pesar de que es nuestro derecho porque también cumplimos con nuestra labor, y en resumidas cuentas, por algo la comandante Elvira ya no se presentó y salió de la comandancia por otra ruta, para no ser entrevistada.
Trasciende que son instrucciones del secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola Pérez, el que los detenidos sean presentados ante los jueces calificadores por otros policías que no son los que ejecutan las detenciones originalmente, todo esto con el objetivo de que, en caso de una demanda ante Sindicatura y ante el Ministerio Público, queden sin efecto, por cuestiones de que lo documentado “desmienta” las versiones de los ofendidos. Un truco premeditado con alevosía y ventaja por parte del teniente coronel retirado, para que los abusos que cometan sus “muchachitos” queden impunes.
Ahora bien, los reporteros que acudimos a la Comandancia Regional Sur denominada “Margarito Saldaña Rivera”, nos percatamos que varios policías municipales siguen usando capuchas, hasta para detener a simples raterillos, lo cual es una ilegalidad, y lo cual contradice lo que el titular de la SSPM, Julián Leyzaola Pérez ha declarado, de que no se permite que los policías municipales anden encapuchados, con excepción de los momentos en que realicen un operativo de suma peligrosidad. Los hechos lo desmienten y además, so pretexto de “labores de inteligencia”, que también son ilegales y anticonstitucionales a la naturaleza de los agentes locales, tapan la numeración económica de las patrullas. Obviamente lo que ordena Leyzaola es cometer ilegalidades y realizar trucos de “escapismo” ante cualquier demanda que presenten contra ellos.
Ante esa ola de agravios en contra del ejercicio de la labor periodística, se espera en este día un pronunciamiento oficial de los nuevos Delegados de la Asociación Nacional de Periodistas A.C. (ANPAC), repudiando esta nueva agresión y exigiendo a las autoridades que se respeten las garantías y preceptos constitucionales que protegen la libertad de expresión, por cualquier medio, y sin fronteras.
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